El 19 de julio, Estados Unidos instó al régimen comunista chino a «cesar inmediatamente» su prolongada de persecución contra Falun Gong y liberar a todos los partidarios encarcelados por sus creencias.
El llamamiento, realizado por el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en una rueda de prensa periódica, se produjo un día antes del 22º aniversario del inicio de la campaña de Beijing de erradicación contra el grupo de fe.
“Mañana se cumplen 22 años desde que la República Popular China puso en marcha la campaña de represión contra el movimiento Falun Gong y sus millones de practicantes, abogados y defensores de los derechos humanos que trabajan para proteger sus derechos”, dijo Price.
Añadió que «miles de practicantes de Falun Gong se enfrentan a detenciones, hostigamiento y actos de tortura y abuso reportados cada año» por simplemente negarse a renunciar a la práctica pacífica de sus creencias.
Una práctica de meditación introducida por primera vez en China en la década de 1990, Falun Gong ganó popularidad en el país con sus ejercicios de movimiento lento y enseñanzas morales centradas en los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. La práctica tenía aproximadamente de 70 millones a 100 millones de adeptos al final de la década, según estimaciones oficiales. Al considerar esta popularidad como una amenaza, el 20 de julio de 1999 el régimen inició una campaña nacional dirigida a los practicantes. Desde entonces, un número incalculable de practicantes ha sufrido tortura física y mental, presión financiera, trabajo forzado, encarcelamiento y sustracción forzada de órganos—todos los cuales han sido desarrollados en un intento por erradicar su fe.
Los sobrevivientes de los abusos han relatado testimonios de haber pasado por inyecciones de drogas tóxicas, trabajos forzados extenuantes, descargas eléctricas en las partes íntimas y, a las embarazadas, de recibir amenazas de abortar a la fuerza a sus bebés.
La represión de 22 años ha provocado un número incontable de muertes. Minghui.org, un sitio web con sede en EE. UU. que sirve como oficina de información de la persecución, ha verificado los detalles de miles de muertes, aunque señala que es probable que el número sea solo la punta del iceberg debido a la extrema dificultad de recopilar información desde China.
El abuso en marcha está suscitando una preocupación en aumento en el escenario internacional. En mayo, el Departamento de Estado sancionó a un funcionario del Partido Comunista de China que tuvo un papel en la persecución de practicantes en Chengdu, la capital de la provincia de Sichuan en el suroeste de China. El año pasado hizo lo mismo con un oficial de la policía local china en la provincia de Fujian, en el sureste de China, por su papel en la represión de los practicantes.
El estado de Texas y más de una docena de condados en Virginia han aprobado resoluciones para advertir a los residentes que no viajen a China para recibir trasplantes de órganos. Las iniciativas se tomaron con la esperanza de garantizar que los estadounidenses no se conviertan involuntariamente en cómplices de la sustracción forzada de órganos con autorización del estado por el régimen, el cual tiene como objetivo principalmente a los practicantes de Falun Gong y también a otros presos de conciencia. Los legisladores bipartidistas en el Congreso, así como los funcionarios del Reino Unido y Canadá, buscan también responsabilizar al régimen por esta práctica espantosa.
En una manifestación el 16 de julio en Washington, la experta en libertad religiosa Nina Shea pidió a Estados Unidos que reconociera la persecución del régimen contra Falun Gong como una forma de genocidio.
“El genocidio es la destrucción en parte de una comunidad religiosa, por ejemplo, con la intención de erradicarla”, dijo Shea, directora del Centro para la Libertad Religiosa del Instituto Hudson.
«No creo que haya ninguna duda de que lo que le ha sucedido a Falun Gong en las últimas décadas cumple con ese criterio».
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