Las recientes sanciones impuestas por Beijing a funcionarios estadounidenses del ámbito de la libertad religiosa constituyen su última «afrenta contra los derechos universales» y no harán sino estimular un mayor escrutinio mundial de sus violaciones de los derechos humanos, declaró el 10 de enero el secretario Antony Blinken.
Blinken se refería a las sanciones anunciadas por Beijing el mes pasado contra cuatro comisionados de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos (USCIRF, por sus siglas en inglés), que el Ministerio de Asuntos Exteriores chino dijo entonces que se habían promulgado en respuesta a las recientes acciones de Estados Unidos en Xinjiang.
Esto se suma a otros tres miembros actuales o antiguos del panel que el régimen chino sancionó el año pasado, así como a decenas de funcionarios y organizaciones estadounidenses que promueven «la democracia y el respeto de los derechos humanos en todo el mundo», sanciones que Blinken calificó de «sin fundamento».
Las sanciones de represalia del régimen no disuadirán a Estados Unidos de desplegar «todas las herramientas diplomáticas y económicas para promover la responsabilidad» en materia de derechos humanos, añadió.
«Los continuos intentos de Beijing de intimidar y silenciar a quienes se manifiestan a favor de los derechos humanos solo contribuyen al creciente escrutinio internacional del genocidio y los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en Xinjiang», dijo Blinken.
Pidió a Beijing que «ponga fin a sus actos de represión transnacional, incluidas las prácticas coercitivas de encarcelar y negar la libertad de movimiento a los familiares de los activistas uigures estadounidenses, incluidas las personas al servicio del pueblo estadounidense».
Beijing ha suscitado una creciente condena internacional por haber recluido a más de un millón de uigures en campos de internamiento en la región del extremo occidental de Xinjiang y por haberlos sometido a trabajos forzados, torturas y adoctrinamiento político.
El gobierno de Estados Unidos y algunos parlamentos occidentales han calificado el trato a los uigures como un genocidio. En diciembre, Estados Unidos y varios aliados anunciaron que no enviarán delegados oficiales a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 para boicotear la represión.
En el último mes, Washington también impuso prohibiciones a docenas de personas y entidades chinas por su papel en el apoyo a los abusos del régimen en Xinjiang, incluida la empresa china de inteligencia artificial SenseTime y varias empresas tecnológicas que, según descubrió, ayudaban a los esfuerzos de vigilancia en la región. El presidente Joe Biden también firmó un proyecto de ley para prohibir todas las importaciones de la región ante la preocupación por el trabajo forzado.
No obstante, el régimen ha seguido presentando la región como libre de abusos. Justo antes de Navidad, el medio de comunicación estatal chino Xinhua colocó un video en Times Square en Nueva York en el que se mostraba una ciudad de Xinjiang como un lugar con «frutas dulces» y «una vida feliz para la gente», lo que según un activista era un intento de «encubrir la acusación de genocidio».
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