La espeluznante práctica de Beijing de la sustracción forzada de órganos a personas vivas ha vuelto a ser el centro de atención en junio, cuando dos países europeos se unieron a un coro de oposición contra el tráfico ilícito.
Durante décadas, el régimen se ha enfrentado a crecientes acusaciones de que está matando en masa a prisioneros de conciencia para vender sus órganos en el mercado de trasplantes.
«Estamos profundamente preocupados por esto, es sencillamente insoportable», dijo el 23 de junio Gudrun Kugler, miembro del parlamento de Austria, después de que la comisión de derechos humanos del parlamento aprobara por unanimidad su resolución para combatir el tráfico de órganos y de personas.
«Una y otra vez han salido a la luz en la República Popular China informes sobre el tráfico ilegal de órganos humanos que contradicen todos los derechos humanos y normas éticas», dijo una declaración de la oficina de Kugler.
Las minorías étnicas y religiosas, incluidos los musulmanes uigures, los practicantes de Falun Gong y los cristianos se encuentran entre los grupos particularmente afectados por tales abusos, añadió.
La resolución pide al gobierno austriaco que proteja a las víctimas del tráfico de órganos cooperando con organismos internacionales, como la Asamblea Mundial de la Salud, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito con sede en Viena, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Consejo de Europa, y que preste apoyo a esta causa siempre que sea posible.
El parlamento austríaco tomó la decisión en respuesta a una petición de los ciudadanos austríacos el pasado mes de octubre, en la que se afirmaba: «Nosotros los austriacos no queremos órganos de China por los cuales se han matado personas inocentes», según la declaración.
En junio de 2019, un tribunal popular independiente con sede en Londres, tras una investigación de un año de duración en la que se consideró el testimonio de más de 50 testigos, encontró pruebas claras de que la sustracción forzada de órganos ha tenido lugar en China durante años y «a una escala significativa».
«La conclusión muestra que muchísimas personas han muerto de forma indescriptiblemente horrible sin motivo alguno, [y] que otras más pueden sufrir de forma similar», dijo Sir Geoffrey Nice QC, presidente del tribunal que anteriormente dirigió el enjuiciamiento del expresidente yugoslavo Slobodan Milosevic por crímenes de guerra, al dictar el fallo.
El fallo final del tribunal, publicado en marzo, dijo que «no hay pruebas» de que tal abuso de los trasplantes haya cesado, calificándolo de «la mayor violación posible de los derechos humanos de una persona».
El 12 de junio, Bélgica también aprobó una resolución en la que se condenaba la práctica que aún continúa, de la sustracción forzada de órganos en China. En un proyecto de ley aprobado en abril pasado, el país prohibió oficialmente a sus ciudadanos viajar al extranjero para realizar trasplantes de órganos. Los infractores podrían enfrentarse a una pena de hasta 20 años de prisión con una multa de 1.2 millones de euros (1.35 millones de dólares).
El Centro de Información de Falun Dafa acogió con beneplácito el gesto del parlamento austriaco, diciendo que la resolución ha llegado en «un momento importante» a la luz de la reciente toma de poder de China al imponer una ley de seguridad nacional para Hong Kong. La nueva ley incluye el establecimiento de una agencia de seguridad de Beijing en la ciudad.
En un comunicado de prensa del 25 de junio en Alemania, el centro expresó su preocupación por los practicantes de Falun Gong en Hong Kong, quienes «pronto podrían ser víctimas de un robo sistemático de órganos».
La inquietante cuestión ha sido una preocupación internacional constante desde 2006, cuando los denunciantes sacaron a la luz por primera vez el asunto.
En agosto pasado, el Comité Nacional Republicano de EE.UU., compuesto por 168 miembros, aprobó por unanimidad una resolución en la que se denunciaba la «práctica vil». En mayo, una respuesta al «genocidio de órganos» fue una de las 12 recomendaciones que un grupo de vigilancia de Washington, el Comité sobre el Peligro Actual: China (CPDC), presentó al presidente Donald Trump y al Congreso de EE.UU.
Estados Unidos, Canadá, República Checa e Italia figuran en una lista creciente de países que han iniciado o adoptado medidas para poner freno a los abusos de los trasplantes de órganos en los últimos años.
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Médico revela la sustracción forzada de órganos en China
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