Varios legisladores republicanos influyentes han pedido a la Administración Biden que tome medidas enérgicas contra el régimen chino después de que Beijing impusiera sanciones a varios exfuncionarios de la Administración Trump, incluido el exsecretario de Estado Mike Pompeo.
Las sanciones fueron anunciadas el 20 de enero, el mismo día en que el presidente Joe Biden juró su cargo. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino acusó a los funcionarios estadounidenses de llevar a cabo «una serie de locuras» que «interfirieron seriamente en los asuntos internos de China» y «perturbaron seriamente las relaciones entre China y Estados Unidos».
Hasta ahora, Emily Horne, la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Biden, ha dicho que las sanciones son «improductivas y cínicas».
El senador Jim Risch (R-Idaho), presidente saliente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo en un tuit que el Partido Comunista Chino (PCCh) estaba «probando la determinación de la Administración Biden con respecto a China para ver si ésta sigue con un enfoque más duro y competitivo».
«Juntos, republicanos y demócratas deben mostrar a Beijing que no nos disuadirán a la hora de defender los intereses de los Estados Unidos», dijo.
El representante Michael McCaul (R-Texas), el líder republicano en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, dijo a través de Twitter que las sanciones eran «un descarado e infundado intento de silenciar e intimidar a los funcionarios que responsabilizan al #PCCh por el genocidio y su toma de posesión de Hong Kong».
«La Administración Biden debe dejar claro inmediatamente que no se tolerará tal coacción», añadió.
El 19 de enero, Pompeo declaró que la persecución del PCCh contra los uigures y otras minorías étnicas mayoritarias musulmanas constituye un caso de genocidio y son «crímenes contra la humanidad«.
El año pasado, la Administración Trump tomó una serie de medidas para abordar las violaciones de derechos humanos del PCCh, incluyendo la sanción de seis funcionarios chinos y de una entidad china por sus acciones en Xinjiang, así como la sanción de un funcionario chino por su participación en la persecución contra el grupo espiritual Falun Gong. La administración también introdujo restricciones de visado para los funcionarios chinos que se creía que habían participado en violaciones de los derechos humanos.
En diciembre, la administración también sancionó a 25 funcionarios de Hong Kong y de China, entre ellos la dirigente de Hong Kong Carrie Lam, por su participación en la aplicación de la draconiana ley de seguridad nacional de Beijing, que castiga delitos vagamente definidos como la subversión y la secesión con una pena máxima de cadena perpetua.
Desde entonces, al menos cuatro activistas prodemocracia de Hong Kong han sido acusados de violar la nueva ley, entre ellos Jimmy Lai, fundador del periódico local Apple Daily, así como el exactivista estudiantil Tony Chung.
El senador Tom Cotton (R-Ark.), en una entrevista con Fox News, dijo que las sanciones chinas no iban «dirigidas tanto a esos funcionarios [estadounidenses], sino (…) al equipo de seguridad nacional de Joe Biden».
Cotton pidió una respuesta de la Administración Biden y del Congreso, diciendo que Estados Unidos no podía permitir que Beijing continuara su campaña de intimidación.
Beijing declaró que un total de 28 funcionarios estadounidenses fueron sancionados pero hasta ahora solo ha nombrado a 10 de ellos, incluyendo al exasesor comercial de la Casa Blanca Peter Navarro; al exsecretario de Salud y Servicios Humanos Alex Azar; y a Keith Krach, exsubsecretario de Estado para el crecimiento económico, la energía y el medio ambiente.
«Estas sanciones son una insignia que llevo con honor», dijo Krach a Fox en una entrevista.
«No debemos arrodillarnos ante un matón [como es] China. Cuando uno se enfrenta a un matón, ellos retroceden. Y realmente, realmente se echan atrás si uno tiene a sus amigos a su lado», añadió.
Cuando le preguntaron los nombres de los otros 18 funcionarios de EE. UU. durante una conferencia de prensa diaria el 21 de enero, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Hua Chunying, se negó a compartir la información. En su lugar, dijo: «Los culpables lo saben muy bien».
El diario estatal chino Global Times, en un artículo publicado el jueves, dijo que las sanciones eran «una advertencia a los funcionarios [de EE. UU.] que quieren convertirse en el próximo Pompeo».
En los últimos cuatro años, Pompeo ha sido a menudo objeto de críticas por parte de la prensa estatal china por sus comentarios y políticas relacionadas con el PCCh. Por ejemplo, el Global Times llamó a Pompeo un «payaso del día del juicio final» después de que hablara en términos de genocidio.
Bajo el mandato de Pompeo, Estados Unidos lideró el lanzamiento de una iniciativa llamada «Red Limpia» destinada a asegurar que las redes de comunicaciones, los sistemas basados en la nube y las aplicaciones móviles estén libres de la interferencia del PCCh, por ejemplo, excluyendo al gigante tecnológico chino Huawei de las redes 5G de las naciones.
Beijing criticó la iniciativa, llamándola «red sucia».
El 15 de enero, Krach declaró que Eswatini era el último país que se había sumado a la iniciativa, que ahora incluye 60 países y regiones.
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