El secretario de Estado, Mike Pompeo, emitió un comunicado el 29 de diciembre en la que condenaba al Partido Comunista Chino por su decisión de encarcelar a la periodista ciudadana china Zhang Zhan.
Zhang, una exabogada de 37 años, criticaba frecuentemente al régimen chino por su manejo del brote de COVID-19 mientras reportaba desde Wuhan, el epicentro de la pandemia de China. Llegó a Wuhan en febrero y luego desapareció repentinamente en mayo. Un mes después, las autoridades chinas confirmaron que había sido arrestada.
El 28 de diciembre, Zhang fue sentenciada a cuatro años de prisión después de ser declarada culpable de «provocar peleas y provocar problemas», un crimen que el régimen chino suele utilizar para perseguir a los disidentes.
«El Partido Comunista Chino (PCCh) ha demostrado una vez más que hará todo lo posible para silenciar a quienes cuestionan la línea oficial del Partido, incluso en lo que respecta a información crucial de salud pública», dijo Pompeo en un comunicado.
Añadió: «Su juicio apresurado, al que se negó el acceso a observadores extranjeros, muestra cuán temeroso es el PCCh de los ciudadanos chinos que dicen la verdad», pidió a Beijing que liberara a Zhang de forma inmediata e incondicional.
In the face of the Chinese Communist Party’s lies, Chinese citizen journalist Zhang Zhan’s uncensored reports from Wuhan gave the world a much-needed window into the outbreak of COVID-19. She should be celebrated for her courage – not imprisoned for it.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 29, 2020
Beijing ha desatado un estricto control hacia la prensa y las redes sociales desde el inicio de la pandemia. Según Reporteros sin Fronteras (RSF), una organización sin fines de lucro con sede en París, al menos nueve periodistas chinos o defensores de la libertad de prensa han sido arrestados por su cobertura de temas relacionados con COVID-19.
Los periodistas ciudadanos chinos, Chen Qiushi y Fang Bin, han sido detenidos y vigilados por las autoridades, según sus amigos. Desaparecieron en este año y aún se desconoce su paradero actual.
Pompeo agregó que “debido al flagrante crimen del PCCh, el resto del mundo se basó en gran medida en artículos sin censura de periodistas ciudadanos como Zhang para comprender la verdadera situación en Wuhan luego de que se aplicaran los estrictos controles a los medios de comunicación impuestos por el PCCh y un brote controlable se convirtiera en una pandemia mundial mortal».
Pompeo también mencionó al denunciante inicial, Li Wenliang, quien el 30 de diciembre del año pasado advirtió sobre un brote de «neumonía desconocida» en las redes sociales chinas.
Luego de que el posteo por Internet se volviera viral, Li, un oftalmólogo, fue citado a una comisaría el 3 de enero y reprendido por «propagar rumores». Fue obligado a firmar una «declaración de confesión», en la que acordó que no cometerá más «actos ilícitos». Finalmente murió el 7 de febrero luego de contraer sin saberlo el virus mientras trataba a un paciente infectado.
Benedict Rogers, un activista británico de derechos humanos y fundador de Hong Kong Watch, una organización sin fines de lucro con sede en Londres, escribió el miércoles a través de Twitter que «[m]iliones de vidas y medios de subsistencia en todo el mundo podrían haber sido salvados» si el PCCh «hubiera escuchado y actuado según» la advertencia de Li.
“El #PCCh le debe al resto del mundo una enorme factura en concepto de daños y reparaciones”, escribió Rogers.
Desde entonces, muchos grupos internacionales de derechos humanos han expresado su preocupación respecto a la sentencia de Zhang, incluyendo a RSF.
«Zhang Zhan solo estaba sirviendo al interés público al informar sobre el brote de Covid-19 y nunca debió haber sido detenida, sin mencionar recibir una sentencia de prisión por cuatro años», declaró Cédric Alviani, director de la oficina de RSF en Asia Oriental, en un comunicado.
Alviani pidió a la comunidad internacional que presione a Beijing para que libere a Zhang y a otros periodistas detenidos.
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